Proteja su Empresa con Compliance Laboral Preventivo

La Ley N° 21.643 (vigente desde agosto 2024) obliga a todas las empresas con trabajadores en Chile a: (1) implementar una política de prevención del acoso laboral y sexual, (2) establecer un canal de denuncia confidencial, (3) designar un encargado de recibir denuncias, y (4) investigar cada denuncia en máximo 30 días hábiles. El incumplimiento puede derivar en multas de hasta 60 UTM.

La Dirección del Trabajo puede aplicar multas de 3 a 60 UTM (aprox. $200.000 a $4.000.000 CLP) según el tamaño de la empresa y la gravedad del incumplimiento. Además, si un trabajador denuncia y la empresa no tenía protocolo, el empleador puede ser condenado con recargos adicionales en caso de demanda judicial.

Una auditoría laboral es una revisión sistemática del cumplimiento legal de la empresa en materia de contratos, remuneraciones, jornada de trabajo, beneficios, finiquitos y protocolos. Sirve para identificar brechas de cumplimiento antes de que se conviertan en juicios o multas, y como insumo para certificaciones o due diligence en procesos de venta o inversión.

Dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, la implementación completa toma entre 3 y 8 semanas: diagnóstico inicial (1 semana), redacción de política y protocolo personalizado (2 semanas), capacitación a líderes (1–2 semanas), y comunicación interna y habilitación del canal de denuncia (1 semana). Trabajamos con plazos ajustados si es urgente.

Sí. La Ley Karin aplica a todas las empresas con al menos un trabajador, sin importar su tamaño. La complejidad del protocolo se adapta a la realidad de la empresa, pero el deber de prevención y de investigar denuncias es universal. Tenemos paquetes especiales para PYMEs y microempresas.

Sí. Muchas empresas prefieren externalizar la investigación de denuncias de acoso para garantizar imparcialidad y confidencialidad. Aguilar Correa actúa como investigadora externa, elaborando el informe en los plazos legales con plena validez jurídica. Esto reduce el riesgo de conflicto de intereses y protege a la empresa ante eventuales demandas.